AUDIENCIA NACIONAL DE ESPAÑA
SALA DE LO PENAL
SECCIÓN SEGUNDA
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Ante: Magistrado José Antonio Mora Alarcón (Presidente)
Ante: Magistrado Fernando Andreu Merelles
Ante: Magistrada María Fernanda García Pérez
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ROLLO DE SALA NO. 4/2015
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN NO. 97/2010
JUICIO POR LA MASACRE DE LOS PADRES JESUITAS
Public Prosecutor: Teresa Sandoval
Abogados de las Manuel Ollé
acusaciones populares Almudena Bernabéu
y particulares: José Antonio Martín Pallín
Abogados de la Jorge Agüero Lafora
defensa: (por Inocente Orlando Montano)
Sesión: Cuarta Sesión
Fecha: 10 de julio de 2020
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Crónica de la 6ª sesión del juicio
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Hoy, 10 de julio de 2020, pasadas las 15:00 horas, se ha reanudado el juicio por la masacre de los seis padres jesuitas y dos mujeres en El Salvador el 16 de noviembre de 1989. En esta sexta sesión ha declarado el testigo Luis Alberto Parada Fuentes, que en el momento de los hechos era teniente del ejército salvadoreño y oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia. Tras él, la perito Katherine Doyle, documentalista y especialista en la obtención y análisis de documentos desclasificados por las agencias gubernamentales de los EEUU. Finalmente, el perito Douglass Cassel, asesor jurídico de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas para El Salvador (1993).
El testimonio del teniente Luis Parada comenzó con una explicación de la composición y funciones del Alto Mando de la Fuerza Armada, cuyos miembros en el momento de los asesinatos eran los siguientes: 1) el Presidente de la República, Alfredo Cristiani; 2) el Ministro de Defensa y Seguridad Pública, Gral. Larios; 3) el Viceministro de Seguridad Pública y acusado Cnel. Montano, 4) el Viceministro de Defensa, Cnel. Zepeda; 5) el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Cnel. Ponce y 6) el Subjefe del Estado Mayor Conjunto, Cnel. Rubio. Según el Tte. Parada, las decisiones estratégicas más importantes a nivel político-militar eran tomadas en el seno del Alto Mando, donde se deliberaba sobre los posibles cursos de acción antes de tomar una decisión relevante.
El Tte. Parada también ha señalado que en 1989 los tres cuerpos de seguridad pública (Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda) eran una parte integral de la Fuerza Armada y no solo cumplían funciones de policía, sino que también tenían unidades de combate para repeler los ataques del FMLN como si fuera fuerzas regulares. A preguntas de la abogada Almudena Bernabeu, el Tte. Parada ha negado que el Viceministro de Seguridad Pública se encargase meramente de funciones administrativas y ha afirmado que los cuerpos de seguridad respondían ante el Cnel. Montano, quien tenía mando efectivo sobre la Fuerza Armada como Viceministro de Seguridad.
Sobre los días previos a los asesinatos, el oficial de inteligencia de la DNI calificó de negligente la actuación del Alto Mando, ya que no reaccionaron con la debida anticipación ante las evidencias de una ofensiva del FMLN que terminó sorprendiendo por completo a la Fuerza Armada. Ante la ofensiva, el Pte. Cristiani decretó el estado de sitio en San Salvador y el Alto Mando dividió la capital en cinco comandos de seguridad, el más importante el del complejo militar que incluía el Ministerio de Defensa, la sede del Estado Mayor Conjunto, la DNI, la Escuela Militar y las colonias militares Arce y Palermo. En este mismo comando de seguridad se ubicaba también la UCA.
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Según el testimonio del Tte. Parada, la tarde del día 13 de noviembre de 1989, unos 45 minutos después de la llegada del rector Ellacuría a la UCA proveniente de un viaje a Europa, la sección de comandos del Batallón Atlacatl fue enviado a realizar un cateo a la misma universidad. Esta unidad de élite, que dos días más tarde ejecutaría materialmente los asesinatos de los jesuitas, había sido trasladada al comando de seguridad del complejo militar esa misma tarde. El Tte. Parada ha declarado que en ese momento creyó que el cateo tenía como fin registrar el campus para comprobar si había guerrilleros armados. Sin embargo, actualmente no le resulta verosímil esa explicación, debido a que los soldados fueron directamente a registrar el edificio de la residencia de los jesuitas y en apenas una hora regresaron a la Escuela Militar. En cambio, si realmente hubieran estado buscando guerrilleros habrían tardado mínimo cinco horas en registrar un campus tan extenso como el de la UCA en mitad de la noche.
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Además, el Tte. Parada pudo comprobar por sí mismo como a la entrada de la UCA durante el cateo del día 13 de noviembre había un retén de la Policía de Hacienda, que controlaba quien entraba y salía del campus y cuyos agentes le confesaron que habían permitido al rector Ellacuría entrar unos minutos antes.
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Por otro lado, el Tte. Parada ha narrado la reunión de oficiales de la DNI de la mañana del día 16 de noviembre de 1989, en la cual entró el capitán Herrera Carranza, jefe de operaciones de la DNI, con dos radios MX en la mano [radio de la Fuerza Armada], para informar de que “acaban de decir en el MX que a Ellacuría lo mataron cuando se resistió al arresto”. Según Parada, eso no dejó lugar a dudas a los que estaban presentes de que fue la Fuerza Armada quien había matado a Ellacuría. A los escasos segundos, el capitán volvió a entrar para aclarar que no solo había sido Ellacuría, sino que habían matado a “ocho curas”. El Tte. Parada ha declarado que todos en la reunión se mostraron consternados, excepto el director de la DNI, Cnel. Guzmán Aguilar, quien había estado la noche antes en la reunión del Alto Mando en la cual se había tomado la decisión de adoptar medidas más drásticas contra el FMLN. Al escuchar la noticia, el Cnel. Guzmán Aguilar, miembro de “La Tandona”, respondió calmado: “Ya ven, ya comenzaron a pasar algunas cosas”.
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Según el testimonio del Tte. Parada, desde el primer día el Alto Mando militar actúo para encubrir los asesinatos de los jesuitas de la UCA. El oficial de inteligencia asegura que la magnitud del encubrimiento institucional hace imposible que el Alto Mando no hubiese sido quien lo ordenó y dirigió. Esa misma tarde, en la DNI se dio instrucciones de no comentar la cuestión, debido a que el gobierno ya había iniciado una investigación. Sin embargo, la misma mañana de los hechos por la radio Cuscatlán ya estaban informando de que la autoría de los asesinatos era del FMLN.
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El Tte. Parada ha declarado que la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD) comenzó a llamar a los oficiales de la DNI que habían participado en la reunión de la mañana del día 16 de noviembre de 1989 y que, tras sus declaraciones, varios habían resultado muertos al poco tiempo en extrañas circunstancias. Por ejemplo, en noviembre de 1990, tras cambiar su testimonio ante la CIHD unos meses antes, el capitán Herrera Carranza, quien había revelado la muerte de los jesuitas en la reunión de la DNI, murió de un disparo en la cabeza a los pocos días de ser trasladado al Destacamento Militar de Morazán.
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En ese contexto de temor generalizado, en marzo y mayo de 1991, el Tte. Parada fue llamado a declarar ante CIHD, pero antes de acudir el Viceministro de Defensa, Gral. Zepeda, le ordenó que fuera al departamento jurídico del Ministerio de Defensa para que los abogados de los acusados le dieran instrucciones sobre lo que tenía que testificar. A pesar de que el Tte. Parada desobedeció esa orden, el investigador de la CIHD solo le hizo preguntas meramente testimoniales e inocuas. Tras su declaración, personas cercanas a su entorno le advirtieron de que si regresaba a El Salvador su vida correría peligro, debido a que había personas que le consideraban un traidor.
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La segunda persona en declarar ha sido la perito Katherine Doyle, analista en jefe del Archivo de Seguridad Nacional especializada en política estadounidense en América Latina. Esta perito ha explicado el proceso seguido para obtener más de 12.000 documentos desclasificados por los Estados Unidos, algunos de los cuales han servido como prueba clave en el presente procedimiento penal. Así, Katherine Doyle afirmó la guerra civil de El Salvador fue un conflicto compartido con EEUU dada la estrecha colaboración durante la guerra, lo que implicó que se generara mucha información estadounidense sobre los crímenes cometidos El Salvador. La perito indicó que el Archivo de Seguridad Nacional solicitó a la administración Clinton, en 1993, la desclasificación de estos documentos, entre los cuales figuraban muchos relacionados con la masacre de los Jesuitas, ya que “teníamos la obligación de revisar nuestra historia en la involucración [de EEUU] en violaciones de derechos humanos en El Salvador”.
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Con respecto a los documentos la perito experta, Doyle, afirmó que la información contenida en los documentos desclasificados tiene una credibilidad muy fuerte, no sólo por la manera en que se generó (a través de oficiales y expertos profesionales estadounidenses) sino también por la manera en que se usa dentro de un contexto más amplio y en comparación con otras fuertes. Así, manifestó que dentro de este universo de información, se pudo identificar un núcleo claro e importante de información, de sólida credibilidad, relacionada con el asesinato de los padres jesuitas, su planeación, la perpetración del crimen y los esfuerzos posteriores de encubrimiento del mismo.
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El último perito en declarar ha sido el perito Douglass Cassel, el asesor jurídico de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas para El Salvador, que supervisó las investigaciones y fue el principal redactor de posterior informe publicado por la misma. El Sr. Cassel indicó en su declaración que la misión de la Comisión de la Verdad consistía en aclarar la impunidad generalizada de las Fuerzas Armadas, que violaron reiteradamente los derechos humanos durante todo el conflicto.
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El perito experto Cassel señaló que la cúpula de la fuerza armada y el Alto Mando consideraban que los jesuitas eran el cerebro del FMLN, y que no se atrevieron a ordenar su muerte hasta la ofensiva en la capital, ocasión que les permitiría acabar con los jesuitas y culpar a la guerrilla. En este sentido, el Sr. Cassel afirmó que el propio Cnel. Montano, como parte de una campaña publicitaria contra el padre Ellacuría, identificó públicamente a los jesuitas como miembros del FMLN; aclarando después que, en aquel momento, denominar a alguien como “cabeza de la guerrilla” era prácticamente calificarle de enemigo público y animar a las personas a atacarle.
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Sobre las conclusiones de la Comisión, el Sr. Cassel afirmó que los comisionados optaron por revelar la identidad de los cinco militares responsables de hecho de la planificación, deliberación y adopción de la orden de asesinar a Ellacuría –entre los que se incluyó al acusado Inocente Montano– ya que la información analizada derivaba de pruebas sólidas y provenía de como mínimo dos fuentes independientes y confiables que confirmaban la intervención de parte del Alto Mando. La solidez de las pruebas examinadas facultó a los comisionados a revelar, de forma extraordinaria, los nombres de los autores intelectuales.
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Asimismo, el perito se refirió a la CIHD y a la Comisión de Honor afirmando que ambos mecanismos tenían una doble tarea: culpar de los asesinatos a oficiales y soldados de bajo rango y encubrir el hecho de que la planificación y las órdenes de asesinar a los padres venían desde la cúpula del ejército. En concreto, en la Comisión de Honor, creada ad hoc por el presidente Alfredo Cristiani, este perito confirmó que Rodolfo Parker intervino para modificar las declaraciones de los investigados para evitar que se conociera quién había dado las órdenes de ejecutar los crímenes.
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La próxima sesión del juicio oral tendrá lugar el lunes 13 de julio de 2020 a las 15:00 horas. Dará inicio con la declaración de la perito Terry L. Karl, profesora de ciencias políticas de la Universidad de Stanford y especialista en Estudios Latinoamericanos con una larga experiencia en El Salvador. Le seguirá la perito Martha Doggett, autora del libro “Una muerte anunciada. El asesinato de los Jesuitas en El Salvador”, quien coordinaba el Lawyers Comittee for Human Rights en América Latina. Tras ella, declarará el General Mauricio Ernesto “Chato” Vargas, miembro de la Tandona y actual diputado de ARENA. La última pericial será la de Óscar Alfredo Santamaría, ministro de la presidencia en el gobierno de ARENA del Pte. Cristiani y miembro de la Comisión que redactó la Ley de Amnistía General.
