Juicio Masacre Jesuitas - Día 2020

Crónica de la 4ª sesión del juicio

AUDIENCIA NACIONAL DE ESPAÑA

SALA DE LO PENAL

SECCIÓN SEGUNDA

 

Ante:          Magistrado José Antonio Mora Alarcón (Presidente)

Ante:          Magistrado Fernando Andreu Merelles
Ante:          Magistrada María Fernanda García Pérez

ROLLO DE SALA NO. 4/2015

PROCEDIMIENTO DE ORIGEN NO. 97/2010

JUICIO POR LA MASACRE DE LOS PADRES JESUITAS

 

Public Prosecutor:       Teresa Sandoval

Abogados de las            Manuel Ollé
acusaciones populares  Almudena Bernabéu
y particulares:               José Antonio Martín Pallín

Abogados de la              Jorge Agüero Lafora
defensa:                          (por Inocente Orlando Montano)

Sesión:                            Cuarta Sesión
Fecha:                             8 de julio de 2020

Crónica de la 4ª sesión del juicio

 

Hoy, 8 de julio de 2020, pasadas las 15:00 horas (de Madrid, España), se reanudó el juicio por la masacre de los seis padres jesuitas y de dos mujeres perpetrada en El Salvador el 16 de noviembre de 1989. En esta cuarta sesión del juicio, declararon los siguientes testigos:  en primer lugar, el teniente René Yusshy Mendoza Vallecillos, destinado a la Escuela Militar bajo el mando del coronel Benavides y un testigo clave, ya que estuvo presente durante la ejecución de los asesinatos cometidos por las unidades del Batallón Atlacatl.  En segundo lugar testificaron Álvaro Henry Blanco Solórzano y Edward Sídney Campos Reyes, fiscales a cargo de la investigación y juicio en El Salvador en 1991 por asesinato de los jesuitas y dos mujeres y quienes, tras renunciar por las presiones a las que se vieron sometidos por parte del Fiscal General, se reincorporaron al caso como acusadores particulares en representación de los familiares de las víctimas. Inmediatamente después han declarado Lucía Barrera de Cerna y su marido Jorge Alberto Cerna Ramírez:  la señora Barrera era empleada doméstica de los jesuitas.   Lucia y su marido Jorge pasaron la noche del asesinato en la UCA debido a la inminente ofensiva y fueron los únicos testigos oculares de los hechos. 

En su declaración, el teniente Mendoza describió cómo el coronel Benavides, que era el director de la Escuela Militar y comandante de la zona de seguridad en la que se ubicaba la UCA, convocó a una reunión informativa al teniente Mendoza y al resto de los oficiales de la Escuela Militar. El Cnel. Benavides les informó de que acababa de regresar de una reunión del Estado Mayor en la que estuvieron presentes los miembros del Alto Mando del Ejército, entre ellos el Viceministro de Seguridad Pública (el acusado Cnel. Inocente Orlando Montano); los integrantes del Estado Mayor y los comandantes del área metropolitana de San Salvador. En esta reunión, los miembros del Alto Mando decidieron adoptar una serie de medidas para frenar a la guerrilla del FMLN, entre ellas, la eliminación de los que ellos habían identificado como cabecillas de la guerrilla. En la reunión, se informó que el Presidente de El Salvador, D. Alfredo Cristiani, iba a ser informado de todo lo decidido y si no había una contraorden se ejecutaría el plan.  Mendoza sostuvo que nunca se produjo tal contraorden.  

Según el testimonio de Mendoza, al finalizar esa reunión, el Cnel. Benavides asistió a una reunión posterior, en la cual un grupo decisorio compuesto por los oficiales de La Tandona –los señores Ponce, Montano, Zepeda, Elena Fuentes y el Gral. Bustillo– dieron al Cnel. Benavides la orden de utilizar el Batallón Atlacatl para eliminar a Ellacuría sin dejar testigos. Además señaló que en esta reunión, el Cnel. Montano fue quien informó al Cnel. Benavides de que el padre Ellacuría, quien había estado de viaje en el extranjero, se encontraba de regreso en la UCA. 

Mendoza continuó con el relato de los hechos de la noche del 15 de noviembre de 1989. De acuerdo con las órdenes recibidas del Alto Mando, el Cnel. Benavides ordenó a su segundo, el mayor Camilo Hernández Barahona, organizar la operación, y mandó llamar al teniente Espinoza Guerra, jefe de la unidad de comandos del Batallón Atlacatl, al que le dio la orden de asesinar al padre Ellacuría, “puesto que ellos ya conocían la ubicación de la residencia de los jesuitas en la UCA,” como resultado del registro que habían realizado dos días antes. Para cometer los asesinatos se ordenó a la unidad no utilizar armas reglamentarias, sino un AK47 propiedad del mayor Hernández Barahona. Además, dio la orden a Mendoza, asignado a la Escuela Militar, de acompañarlos. Según el testimonio de este testigo, la unidad del Batallón Atlacatl se desplazó en la madrugada del 16 de noviembre. En el interior del edificio donde residían los padres jesuitas, Mendoza pudo ver a las dos mujeres abrazadas y en el exterior los cuerpos de cinco personas tendidas boca abajo y aparentemente muertas. Después de la masacre, el Tte. Espinoza Guerra dijo “Ya está, vámonos; den la señal de retirada”, y los soldados lanzaron una bengala y comenzaron a disparar todos a la vez para simular un enfrentamiento con el FMLN.

Al día siguiente, el mayor Hernández Barahona y el teniente Hernández Ayala, cumpliendo órdenes del Cnel. Benavides, fueron a informar sobre la operación al jefe del Estado Mayor Conjunto, el coronel Ponce, y a preguntarle qué debían hacer con un maletín con dinero y otras pruebas que habían sustraído al occiso padre Ellacuría. El coronel Ponce, visiblemente enfadado, les ordenó que se las llevaran y las destruyeran

Según el testimonio de Mendoza, durante los días siguientes a los hechos, la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD), que estaba compuesta por militares y civiles designados por el gobierno, inició una investigación del caso. Sin embargo, su director, el Cnel. Rivas, se encargó de coordinar con el comandante del Batallón Atlacatl, el Cnel. León Linares, el cambio de los cañones de todos los fusiles de la unidad del Batallón Atlacatl que participó en los asesinatos, para que las pruebas balísticas no dieran positivas. Según Mendoza, ello fue realizado con la autorización del Estado Mayor. De la misma forma, el Cnel. Benavides ordenó la destrucción de los libros de registro de entradas y salidas de la Escuela Militar para que no quedaran pruebas de la presencia esa noche del Batallón Atlacatl en la sede de formación castrense. 

Mendoza también señaló durante su testimonio que la investigación de la CIHD se realizó de manera controlada para evitar cualquier mención que pudiera involucrar al Alto Mando.  De manera específica, narró cómo su testimonio ante esa comisión fue objeto de adulteración.  Testificó que él fue objeto de investigación y fue detenido el 8 de enero de 1990.  Días después de su arresto, fue llamado por la CIHD a declarar y dio un testimonio verídico, pero que el abogado Rodolfo Parker, asesor jurídico del Estado Mayor, interrumpió su testimonio, rompió el papel de la declaración y le ordenó que volviera a empezar esta vez sin mencionar a nadie que no fuera Benavides o miembros del Batallón Atlacatl. 

Mendoza también declaró que mientras permaneció en detención estaba incomunicado, y que su esposa embarazada visitó al viceministro Montano en su oficina para indagar sobre su marido y le reprochó haber mandado matar a los jesuitas. El Cnel. Montano reaccionó agarrándola del brazo, dirigiéndola a su oficina, en donde se sentó con los pies encima de su escritorio y le advirtió: “por favor, no vuelvas a repetirlo, estamos en tiempos de guerra y a cualquiera le puede pasar algo, incluso a ti”.

A preguntas del abogado de la acusación popular, Mendoza manifestó que, en aquellos años, se hablaba de “La Tandona” como una especie de organización mafiosa que había copado todas las posiciones de poder dentro de las Fuerzas Armadas. A excepción del Gral. Larios y el presidente Cristiani, todos los miembros del Alto Mando, instancia en la que se tomaban las decisiones estratégicas, eran de “La Tandona”, incluido el Cnel. Montano. Asimismo, señaló que dentro del Ministerio de Defensa, la influencia real no la tenía el ministro Larios, sino los dos viceministros, Montano y Zepeda, así como el jefe del Estado Mayor Conjunto, el Cnel. Ponce.  

Concluido el testimonio de Mendoza, declararon Álvaro Henry Blanco Solórzano y Edward Sídney Campos Reyes, quienes ejercieron inicialmente como fiscales a cargo de la investigación por el asesinato de los jesuitas, sobre las irregularidades procesales durante la investigación del crimen así como sobre la falta de voluntad por parte de las Fuerzas Armadas de investigar los hechos y esclarecer las responsabilidades criminales. Campos manifestó que no les permitieron el acceso al expediente completo; tampoco pudieron interrogar a ciertos testigos, ni hacer declaraciones públicas. Además, les vigilaron y no les notificaron ciertas actuaciones para evitar su presencia. Así lo resumió Blanco en su testimonio: “hubo una confabulación estatal por parte de sus agentes para asegurar el ocultamiento de la verdad; se pudo advertir que había un límite trazado y previsto para juzgar únicamente a un grupo de militares que habían identificado las propias Fuerzas Armadas”.

Además de estos obstáculos, los dos destacados abogados salvadoreños afirmaron que fueron objeto de muchas amenazas y presiones, tanto externas como internas. Durante sus investigaciones hubo una campaña mediática en su contra, por ejemplo:  en la embajada de Estados Unidos les informaron falsamente de que iban a ser víctimas de un atentado terrorista si seguían con la investigación; y el jefe del Estado Mayor llamó a su superior, el Fiscal General, para que les reprendiera por unas declaraciones que habían dado a medios de comunicación en las que se señalaban la posible implicación de altos mandos del Ejército como responsables de los hechos. 

Los dos exfiscales e investigadores manifestaron que, en el ejercicio de sus funciones legales, recaudaron y produjeron prueba evidente de que los miembros del Alto Mando, incluyendo al acusado Montano en calidad de Viceministro de Seguridad Pública, estaban directamente involucrados como autores del asesinato de los jesuitas y de las dos mujeres.  Según ellos, estaba demostrado que para la fecha de los hechos había una comunicación constante y efectiva entre los militares, que miembros de cuerpos de seguridad –dependientes del acusado Montano– se hallaban ubicados en círculos concéntricos alrededor de la zona de seguridad que incluía a la UCA, y que se produjeron reuniones diarias en la sede del Estado Mayor entre los miembros del Alto Mando. 

Para ellos, también resultaba evidente que dada la escasa distancia entre el lugar de los hechos y la sede de las Fuerzas Armadas, las detonaciones y el ruido de los fusiles, junto con el tiempo que duró la ejecución del operativo que terminó con la vida de los padres jesuitas y dos mujeres, el alto mando militar tuvo que conocer de los hechos.  Estos elementos, tal como afirmaron los testigos, sólo permitían llegar a la conclusión de que había una estructura a la que la cabeza del Ejército, ocupada por miembros de “La Tandona”, que conocía de los hechos y que necesariamente intervino en la planificación, ejecución y ocultamiento de estos crímenes.

Los últimos testigos que declararon fueron Jorge Alberto Cerna Ramírez y Lucía Barrera de Cerna, quienes pernoctaron junto con su hija de cuatro años en una casa que se ubicaba a menos de 30 metros del edificio donde residían los jesuitas en la UCA la trágica noche del 15 al 16 de noviembre de 1989. Ambos explicaron que habían llegado a San Salvador desde Soyapango huyendo del conflicto armado y que habían encontrado refugio en la UCA gracias a la amabilidad de los padres jesuitas, para quien la Sra. Barrera había trabajado como empleada de la limpieza durante ocho años.  Lucía Barrera demostró especial admiración y gratitud por el padre Ignacio Martín Baró, a quien se refirió cariñosamente como el padre Nachito.

Según su testimonio, Barrera se despertó en mitad de la noche sorprendida por el gran estruendo de los disparos que se escuchaba. Se levantó y se asomó a la ventana, a través de la cual pudo ver a los soldados del Ejército con sus uniformes y sus fusiles entrar en la residencia de los jesuitas. Momentos después oyó fuertes gritos, golpes y disparos y la voz del padre Martín Baró que gritaba “que era una injusticia y que eran una carroña”.  Por su parte, Jorge Cerna señaló que al amanecer, pudo ver los cadáveres de las dos mujeres abrazadas, llenas de sangre y con las piernas destruidas por los balazos. También pudo ver los cadáveres de los padres jesuitas, ensangrentados, con disparos por todas partes y las cabezas destrozadas.

Días después,  padres jesuitas de la UCA consiguieron que el Embajador de España recibiera al matrimonio en la Embajada, donde se tomó declaración judicial a la señora Barrera. Sin embargo, al día siguiente, el matrimonio fue trasladado a la Embajada Francesa, ya que en la Embajada Española no podían garantizar su seguridad al no tener agentes de seguridad suficientes para su protección. Allí, no estuvieron más que una tarde, ya que María Julia Hernández, responsable del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana de San Salvador (IDHUCA), y los padres jesuitas les consiguieron pasaportes para un vuelo a Miami (EEUU). A la llegada a Miami, unos agentes del FBI llevaron al matrimonio y a su hija de cuatro años a un hotel donde arrancaron los teléfonos y la señal de televisión para mantenerlos aislados y sin poder comunicarse con nadie durante días. Cada mañana llevaban a la Sra. Barrera y al Sr. Cerna a unas oficinas, donde los agentes del FBI y un coronel del ejército salvadoreño los sometían a largos interrogatorios, con constantes malos tratos verbales y amenazas, con el fin de que doblegar su voluntad y que dijeran que habían mentido y que nunca habían estado en la UCA aquella noche. También los sometieron a la prueba del polígrafo y les tomaron muestras del cabello para contrastarlo con el cabello encontrado en la casa número 15, donde pernoctaron aquella noche en la UCA. El matrimonio no pudo contactar con los padres jesuitas ni con ningún abogado durante los días en los que fueron interrogados. 

La próxima sesión del juicio oral tendrá lugar mañana 9 de julio de 2020 a partir de las 15:00 horas (de Madrid), con los testimonios de los siguientes testigos: en primer lugar, Antonio Rubio Campaña, periodista de investigación del diario El Mundo; en segundo lugar, la declaración de José Benjamín Cuéllar Martínez, quien fue director durante varios años del (IDHUCA); en tercer lugar, George Alexander Portillo, más conocido como Jorge Galán, escritor de la novela 'Noviembre' que narra el asesinato de los padres jesuitas; y, por último, el padre José María Tojeira, quien también fue rector de la UCA y actualmente es director del IDHUCA.

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