AUDIENCIA NACIONAL DE ESPAÑA
SALA DE LO PENAL
SECCIÓN SEGUNDA
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Ante: Magistrado José Antonio Mora Alarcón (Presidente)
Ante: Magistrado Fernando Andreu Merelles
Ante: Magistrada María Fernanda García Pérez
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ROLLO DE SALA NO. 4/2015
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN NO. 97/2010
JUICIO POR LA MASACRE DE LOS PADRES JESUITAS
Public Prosecutor: Teresa Sandoval
Abogados de las Manuel Ollé
acusaciones populares Almudena Bernabéu
y particulares: José Antonio Martín Pallín
Abogados de la Jorge Agüero Lafora
defensa: (por Inocente Orlando Montano)
Sesión: Cuarta Sesión
Fecha: 11 de julio de 2020
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Crónica de la 5ª sesión del juicio
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Hoy, 9 de julio de 2020, pasadas las 15:00 horas, se ha reanudado el juicio por la masacre de los seis padres jesuitas y dos mujeres en El Salvador el 16 de noviembre de 1989. En esta quinta sesión han declarado Antonio Rubio Campaña, periodista de investigación del diario El Mundo; José Benjamín Cuéllar Martínez, abogado y politólogo ex director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA y el padre José María Tojeira, quien fue rector de la UCA y actualmente es director de la IDHUCA. Por último hemos escuchado a George Alexander Portillo, más conocido como Jorge Galán, autor de la novela 'Noviembre' que narra el asesinato de los padres jesuitas.
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Antonio Rubio ha declarado sobre su labor de investigación periodística respecto de la documentación manuscrita que le entregó el ex Embajador de España en San Salvador, Fernando Álvarez de Miranda. Entre esta documentación manuscrita se encontraban fotocopias de una libreta de anillas en la que consta por escrito lo sucedido en las reuniones del Alto Mando de la Fuerza Armada en la noche del 15 de noviembre de 1989, en las que se dio la orden de asesinar al padre Ellacuría sin dejar testigos. Según este acta, el grupo que tomó la decisión estaba compuesto por los Viceministros de Defensa y Seguridad Pública, el acusado Cnel. Montano y el Cnel. Zepeda; así como el jefe del Estado Mayor Conjunto, el Cnel. Ponce; el comandante de la Fuerza Aérea, Gral. Bustillo y el comandante de la 1ª Brigada de Infantería, Cnel. Elena Fuentes. Todos ellos miembros de “La Tandona”, a excepción del Gral. Bustillo.
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El Sr. Rubio ha explicado que realizó una investigación con distintas fuentes para comprobar la veracidad del acta de la reunión y sobre todo, para averiguar quién fue su autor. Según su testimonio, pudo verificar que los documentos manuscritos fueron redactados por el coronel Benavides.
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El segundo testigo en declarar ha sido el director del IDHUCA entre 1992 y 2014, Benjamín Cuellar. Durante su mandato en la IDHUCA, Cuellar tuvo a cargo la investigación legal que culminó con la interposición de una querella en el año 2000 ante la Fiscalía General de la República contra miembros del Alto Mando militar y el presidente Alfredo Cristiani por este crimen. Esta querella, se suspendió hasta que la Sala Constitucional no se pronunció sobre la validez de la Ley de Amnistía y, finalmente, fue archivada porque, a pesar de que los crímenes no estaban amnistiados, estos se consideraron prescritos debido al tiempo transcurrido desde que se iniciara la investigación contra el Alto Mando.
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A las preguntas de la acusación, el testigo manifestó que se decidió investigar la responsabilidad de los miembros del Alto Mando, por haber sido quienes “dieron las órdenes y encubrieron esa masacre y muchas más”. En concreto, indicó que el acusado, el entonces Cnel. Montano, fue identificado como autor intelectual debido a que múltiples fuentes acreditaron su presencia en la reunión del 15 de noviembre de 1989 en la que se tomó y se transmitió la decisión de matar al padre Ellacuría sin dejar testigos. Entre otras cosas, señaló las acusaciones vertidas en julio de 1989 por el Cnel. Montano contra los padres de la UCA por “desprestigiar a la Seguridad Pública y a la Fuerza Armada”, días antes de que los padres sufrieran un ataque bomba en la imprenta.
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A continuación, fue interrogado el padre José María Tojeira, Provincial de la Compañía de Jesús en Centroamérica en el momento en el que sucedieron los hechos, posteriormente rector de la UCA y director del IDHUCA en la actualidad. El padre Tojeira comenzó su intervención señalando ante la Sala que durante las semanas previas a los asesinatos se sucedieron ataques constantes en medios de comunicación afines a las Fuerzas Armadas, pidiendo la muerte de los padres Ellacuría, Martín Baro y Segundo Montes. “Daba la impresión de que el ejército los consideraba enemigos”, recordó ante el plenario.
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Este testigo tenía una relación muy cercana con las víctimas de la masacre y, de hecho, la propia noche de los hechos, se encontraba durmiendo en una casa a 40 metros de la escena del crimen. El padre Tojeira manifestó que, la madrugada del día 16, se despertó al oír varios disparos en las proximidades de su habitación, sucedidos por una ráfaga de explosiones que duró unos 20 minutos. En las primeras horas del día 16 de noviembre, declaro el padre Tojeira, fue alertado por Lucia Cerna del asesinato de sus colegas.
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El testigo, que también participó en la interposición de la querella en el año 2000 contra el Alto Mando, manifestó que había múltiples razones que permitían afirmar que las Fuerzas Armadas habían sido los planificadores y ejecutores del crimen. Entre otras, la duración del tiroteo, la elevada seguridad que rodeaba concéntricamente la UCA y la proximidad de la sede del Estado Mayor –a 700 metros–, la sede de la Dirección Nacional de Inteligencia –a 400 metros– y los cuerpos de seguridad que se hallaban destacados en la Torre Democracia –a 200 metros. En concreto, el padre reveló que un francotirador que estaba en la Torre Democracia le dijo, tiempo después, que “habían visto desde allí con sus visores nocturnos cómo se había matado a los jesuitas; pero, al reportarlo al Estado Mayor, les ordenaron guardar silencio. “No tiene sentido que el ejército no hubiera intervenido”, concluye Tojeira.
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El padre Tojeira afirmó que la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos se limitó a tomar declaraciones a soldados que respondían contradictoriamente, a practicar pruebas del polígrafo y a revisar testimonios autoinculpatorios de miembros del FMLN. Análogamente, el testigo destacó que la Comisión de Honor, creada por el Pte. Cristiani para hacer una investigación interna de las Fuerzas Armadas, sólo sirvió para encubrir a los verdaderos autores. En concreto, indicó el padre Tojeira, el único civil que la integraba, Rodolfo Parker, sabía que el Cnel. Benavides había afirmado que tenían “tenían luz verde” del Estado Mayor para matar a Ellacuría; y, a pesar de ello, no se incluyó tal particular en el informe que produjo la misma.
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El padre José María Tojeira terminó su intervención recalcando que “nosotros perdonamos a los asesinos desde el primer momento, pero “es indispensable que se conozca la verdad para que no se repita”.
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La última declaración ha sido la del testigo George Alexander Portillo, más conocido como Jorge Galán. Escritor salvadoreño y autor de la novela histórica “Noviembre”, en la cual se narran los acontecimientos que rodearon a la matanza de los sacerdotes jesuitas de la UCA el 16 de noviembre de 1989. Su testimonio se ha centrado en corroborar la información que obtuvo de las entrevistas que realizó al Presidente Cristiani y a los padres jesuitas José María Tojeira y Jon Sobrino, con el fin de documentar su novela.
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Según su testimonio, en la entrevista grabada con el presidente Cristiani éste reconoció a Jorge Galán que en el juicio que hubo en El Salvador en 1991 no pudo juzgarse a los autores intelectuales de la masacre, debido a que se destruyeron pruebas clave, como los libros registro de la Escuela Militar. El Pte. Cristiani también le reconoció que él “tendía a pensar que sí” hubo otros autores intelectuales aparte del Cnel. Benavides, como los oficiales de “La Tandona” o el Gral. Bustillo, comandante de la Fuerza Aérea.
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En su entrevista, el Pte. Cristiani también reconoció haber estado hasta tarde en el Estado Mayor la madrugada en la que se produjo la masacre de los jesuitas, pero que nunca se le informó de nada.
Por último, Jorge Galán ha declarado que por la publicación de su novela en El Salvador recibió amenazas por las que se vio forzado a solicitar asilo en España.
La próxima sesión del juicio oral tendrá lugar mañana 10 de julio de 2020 a las 15:00 horas. Dará inicio con el testimonio del testigo D. Luis Alberto Parada Fuentes, que en el momento de los hechos era teniente del ejército salvadoreño y oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia. Tras él, declarará la perito Katherine Doyle, documentalista y especialista en la obtención y análisis de documentos desclasificados por las agencias gubernamentales de los EEUU.
