El asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y la hija de ésta el 16 de noviembre de 1989 por el Batallón Atlacatl de las Fuerzas Armadas salvadoreñas condujo al final de la guerra civil en El Salvador e impulsó la búsqueda de verdad y justicia por parte de las víctimas. Tras 30 años buscando justicia y 10 años de litigio, la Audiencia Nacional de España juzgará al ex coronel y viceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano empezando el próximo 8 de junio de 2020. Montano está acusado de asesinato terrorista por su participación en la decisión de asesinar a los padres jesuitas. El Centro Guernica para la Justicia Internacional (The Guernica Centre for International Justice), -parte del Grupo Guernica- y sus colegas en Madrid, dirigirán la acusación en nombre de las víctimas. Este juicio representa un momento clave para la jurisdicción universal, la rendición de cuentas como un elemento crucial en los procesos de justicia transicional y el derecho penal internacional.
De 1979 a 1992, el ejército salvadoreño instauró un régimen de terror y represión contra la población civil, mientras libraba una sangrienta guerra civil contra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), abogaron siempre por el fin de la guerra mediante una solución negociada y pacífica y condenaron abierta y repetidamente las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad de El Salvador.
Después de la masacre de 1989, la comunidad jesuita y los familiares de las víctimas comenzaron a buscar verdad y justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigó el crimen a solicitud de grupos salvadoreños, al igual que una Comisión del Congreso de Estados Unidos. Al final del conflicto, Naciones Unidas patrocinó una Comisión de la Verdad encargada de investigar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otras violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Si bien el Informe de la Comisión de la Verdad recordó a las autoridades salvadoreñas su deber de investigar y enjuiciar los delitos de conformidad con el derecho internacional, en 1993, el legislativo salvadoreño aprobó una Ley de Amnistía General, que funcionó como un instrumento de impunidad y eliminó la posibilidad de cualquier investigación o enjuiciamiento de crímenes cometidos durante guerra. A pesar de la Ley de Amnistía, los esfuerzos por buscar justicia nunca cesaron. El entonces director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Benjamín Cuellar, presentó una denuncia ante tribunales salvadoreños en nombre de las víctimas; aunque en un primer momento el Tribunal Supremo se pronunció de manera favorable, el caso, lamentablemente, nunca llegó a juicio.
Imagen: Robert Lassalle-Klein, "'Blood &Ink'-UCA Martyrs Photo Archive," archivo personal, 16 de enero de 2020.
La búsqueda de justicia por el asesinato de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes y su ama de llaves y su hija, Elba Julia Ramos y Celina Maricet Ramos, ha sido un proceso largo y, en ocasiones, arduo. Después de tres decisiones legales que sentaron precedentes en los tribunales de los Estados Unidos a favor de las víctimas salvadoreñas, el 13 de noviembre de 2008, el Centro para la Justicia y la Responsabilidad (Centre for Justice and Accountability) —bajo el liderazgo de la profesora Carolyn Patty Blum y la abogada internacional Almudena Bernabéu—, junto con el letrado español Manuel Ollé, presentaron una querella ante la Audiencia Nacional de España utilizando las previsiones legales sobre jurisdicción universal. Los letrados actuaron como acusación privada y popular en nombre de la familia de Ignacio Martín-Baró y la Asociación Pro Derechos Humanos de España. El caso fue admitido por el Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional de España, que comenzó su investigación bajo la dirección del juez Eloy Velasco. Gracias al extraordinario apoyo del Archivo de Seguridad Nacional (National Security Archive), la Universidad de Stanford y la Facultad de Derecho de Cardozo de Nueva York, se tuvo acceso a la extensa documentación desclasificada existente sobre la Masacre de los Jesuitas, constituyendo éste un insumo fundamental para el caso.
El trabajo de periodistas clave, como Carlos Dada, del periódico salvadoreño El Faro, permitió a Almudena Bernabéu localizar en Everett, Massachusetts, a Inocente Orlando Montano, ex coronel salvadoreño y miembro del Alto Mando de las Fuerzas Armadas. Las autoridades estadounidenses detuvieron a Montano y, gracias a la persistencia del fiscal John A. Capin, de la Oficina para el Distrito de Massachusetts, Montano fue sentenciado a 21 meses por fraude y perjurio de inmigración, siendo enviado a una prisión federal en Carolina del Norte debido a problemas médicos. Posteriormente, el equipo legal —con el apoyo de los letrados del bufete de abogados Mintz — contribuyó a los esfuerzos que culminaron, en febrero de 2016, en la decisión de extraditar a Montano a España por parte del Tribunal del Distrito Este de Carolina del Norte. Montano aterrizó en Madrid el 29 de noviembre de 2017 y actualmente se encuentra recluido en prisión a espera del juicio en junio de 2020.
El juicio por el asesinato de los jesuitas y sus dos empleadas es significativo. Este juicio podría reabrir la discusión en España sobre la importancia de disponer de una ley efectiva de jurisdicción universal. También constata que países como España deben garantizar que las víctimas de violaciones de derechos humanos puedan encontrar reparación cuando no tengan otro recurso a su disposición. Este juicio se produce además en un momento en el que las víctimas y la sociedad civil salvadoreña luchan por impulsar investigaciones en El Salvador tras la derogación de la Ley de Amnistía por parte de la Corte Suprema de Justicia en 2016; al mismo tiempo que sectores políticos amenazan con promulgar legislación que, una vez más, podría proteger a los más altos responsables de sanciones penales.
De acuerdo con Carlos Martín-Baró, hermano de Ignacio Martín-Baró:
“Al fin se hará justicia, aunque sólo sea con uno de lo altos mandos de aquel ejército salvadoreño. Nadie nos va a devolver a Nacho y a sus compañeros, pero tampoco nadie podrá detener su pensamiento ni el ejemplo de unas vidas dedicadas a hacer de este mundo un lugar más habitable. La justicia, como toda institución humana, se encarna en seres concretos que la hacen posible y humana. Desde aquí, nuestro agradecimiento una vez más a Almudena Bernabéu y a su equipo, para quienes no existen ni el abatimiento ni lo imposible, y a todos aquellos que siguen tratando de que el equilibrio de los países repose sobre el fiel de la justicia.”.
A medida que se acerca la fecha del juicio, desde el Centro Guernica queremos reconocer y expresar nuestro agradecimiento a la familia de Ignacio Martín-Baró y a todos los jesuitas que nos han ayudado en este viaje por la justicia. También deseamos dar las gracias a todos aquellos quienes, en el transcurso de tantos años, y con infinito apoyo, han hecho posible este juicio. Esperamos que continúen apoyando nuestros esfuerzos.
Hubo momentos oscuros a lo largo de todos estos años en los que pensamos que nunca veríamos justicia por este delito, un crimen que personifica la arrogancia del Alto Mando salvadoreño que siempre se creyó inmune a cualquier clase de justicia. Ahora que el juicio se aproxima, queremos compartir este momento muy especialmente, con el pueblo salvadoreño que compartió con los sacerdotes asesinados su fe en la paz y depositó su confianza en nosotros para reivindicar este crimen.
Carolyn Patty Blum
Chair of the Board
&
Almudena Bernabeu
Executive Director
The Guernica Centre for International Justice
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