AUDIENCIA NACIONAL DE ESPAÑA
SALA DE LO PENAL
SECCIÓN SEGUNDA
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Ante: Magistrado José Antonio Mora Alarcón (Presidente)
Ante: Magistrado Fernando Andreu Merelles
Ante: Magistrada María Fernanda García Pérez
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ROLLO DE SALA NO. 4/2015
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN NO. 97/2010
JUICIO POR LA MASACRE DE LOS PADRES JESUITAS
Public Prosecutor: Teresa Sandoval
Abogados de las Manuel Ollé
acusaciones populares Almudena Bernabéu
y particulares: José Antonio Martín Pallín
Abogados de la Jorge Agüero Lafora
defensa: (por Inocente Orlando Montano)
Sesión: Cuarta Sesión
Fecha: 13 de julio de 2020
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Crónica de la 7ª sesión del juicio
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Hoy, 13 de julio de 2020, pasadas las 15:00 horas, se ha reanudado el juicio por la masacre de los seis padres jesuitas y dos mujeres en El Salvador el 16 de noviembre de 1989. En esta séptima sesión ha declarado por las acusaciones y como perito, la catedrática en ciencias políticas y jefa del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford en EEUU, Terry Lynn Karl. En segundo lugar y como parte de la prueba de la defensa, ha testificado Mauricio Ernesto Vargas, general retirado de las Fuerzas Armadas salvadoreñas y miembro de la Tandona.
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La profesora Karl explicó que la fuente fundamental con la que se documentó para realizar sus dos informes periciales fueron los cables desclasificados de las diferentes agencias gubernamentales de Estado Unidos, CIA, Departamento de Estado, y de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa, así como los informes del congresista Moakley y del Lawyers Comittee for Human Rights. Además, y como parte de su investigación Karl realizó numerosas entrevistas, en el marco de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas (1993), con líderes religiosos, políticos salvadoreños, guerrilleros, embajadores de EEUU, profesores de la UCA, etc.
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La profesora Karl ha declarado que los oficiales de la Fuerza Armada salvadoreña hicieron un uso ilegítimo de la violencia, quebrantando el orden constitucional y cometiendo graves violaciones de derechos humanos. Tras ello, la Sra. Karl ha explicado que la Fuerza Armada se regía por un sistema de tandas (promociones anuales de oficiales militares), que creaba un fuerte vínculo de unidad entre sus miembros, cuyas relaciones de fidelidad superaban a las que cada oficial tenía con su institución armada. También ha resaltado el “código de silencio” que reinaba entre la oficialidad militar y que funcionaba gracias a que se trataba de corromper económicamente o involucrar en violaciones de derechos humanos a todos los oficiales para así garantizar su complicidad en el encubrimiento e impunidad de los crímenes del resto. La Fuerza Armada incurrió en terrorismo de Estado.
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Karl confirmo que la Tandona era la promoción del año 1966, una tanda especialmente numerosa, poderosa y corrupta. La Tandona, según la perito, funcionaba como una “familia mafiosa” y sus miembros coparon todos los puestos de mando de la Fuerza Armada a excepción de la comandancia de la Fuerza Aérea, que retenía el Gral. Bustilllo, y el cargo de Ministro de Defensa, que ostentaba el Gral. Larios, ya de retirada. Los tres líderes de la Tandona, llamados “compadres”, eran los coroneles Zepeda, Montano y Ponce, quienes formaban parte del Alto Mando militar con los cargos de Viceministro de Defensa, Viceministro de Seguridad Pública y Jefe del Estado Mayor Conjunto, respectivamente.
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Según el testimonio de la Sra. Karl, los coroneles Zepeda, Montano y Ponce concentraban el poder de facto, es decir, el mando efectivo dentro de la Fuerza Armada y tomaban las decisiones importantes por consenso. Por otro lado, de acuerdo con la estructura de iure de la cadena de mando, la perito ha declarado que cualquier decisión estratégica de relevancia tenía que ser tomada necesariamente por el Alto Mando, lo cual incluía al Viceministro Montano y a los coroneles Ponce y Zepeda.
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Según Karl en 1989, el conflicto armado alcanzo un “punto muerto” y los distintos actores políticos apostaban por dos vías opuestas para solucionarlo. Por un lado, la línea dura del partido ARENA y una parte de la oficialidad militar, entre la que se encontraba la Tandona, apostaban por la “guerra total” o “guerra por asesinato”, que consistía en asesinar a líderes civiles opositores con el fin de virar el conflicto a su favor. Por otro lado, los jesuitas de la UCA, la Iglesia institucional salvadoreña, algunas facciones de ARENA y una parte de la oficialidad militar y guerrillera apostaban por una salida negociada y pacífica al conflicto. El líder indudable de esa vía negociada era el rector Ellacuría.
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Asimismo, Karl confirmó que la razón por la cual los líderes de la Tandona decidieron asesinar a Ignacio Ellacuría y a los jesuitas de la UCA fue precisamente por su liderazgo en las negociaciones de paz.
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La perito Terry Karl ha declarado a su vez que la decisión de asesinar al rector Ellacuría sin dejar testigos fue una decisión consensuada y premeditada del Alto Mando militar. Según la Sra. Karl, en los días previos al crimen, los Viceministros Montano y Zepeda realizaron una campaña de ataques verbales contra el rector Ellacuría. En segundo lugar, el traslado por parte del Estado Mayor Conjunto de la unidad de comandos del Batallón Atlacatl al complejo militar contiguo a la UCA durante al menos de 3 días, en los que realizaron un cateo de reconocimiento en la residencia de los jesuitas, cumplieron con su cometido de asesinar a Ellacuría sin dejar testigos y tras la operación fueron trasladados fuera de El Salvador. Según Karl, esta unidad no pudo ser enviada para combatir guerrilleros que se encontraban en la UCA, ya que contaba con apenas 40 miembros y el campus de la UCA había sido extensamente registrado y contaba con retenes policiales en todas sus entradas y salidas.
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Respecto a la participación del Viceministro Montano, Terry Karl ha señalado que el coronel formó parte del grupo de oficiales que tomó la decisión de asesinar a los jesuitas y estuvo presente en el momento en el que se dio la orden al Cnel. Benavides de asesinar al rector Ellacuría sin dejar testigos. Además, el Viceministro Montano fue quien proporcionó la inteligencia del regreso del rector Ellacuría a la UCA gracias a que las fuerzas de seguridad bajo su mando tenían acordonado el perímetro del campus y no permitían la entrada y salida a nadie sin autorización. Por otro lado, como Viceministro de Seguridad Pública, Montano era el responsable de la investigación que llevó adelante la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos, comisión que como ha quedado probado, encubrió de forma activa a los responsables de los asesinatos destruyendo y manipulando pruebas sobre los hechos.
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El General retirado Mauricio Ernesto Vargas, comandante de la zona oriental de El Salvador y de la III Brigada de Infantería en noviembre de 1989 y actualmente diputado de la Asamblea de El Salvador por el partido político ARENA ha sido la segunda persona en declarar. El objeto de su declaración se centró en ratificar su informe, presentado por la defensa del acusado Inocente Montano en un intento de presentar una versión alternativa a la prueba pericial ofrecida por las acusaciones.
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A las preguntas de la defensa, el perito hizo una introducción general sobre la genealogía del conflicto salvadoreño. A continuación, el perito afirmó que las tareas del Viceministro eran puramente administrativas y de asesoría técnica, sin funciones operativas, ligadas a la definición de las políticas públicas y sin control de fuerzas policiales ni militares. Finalmente, en esta intervención, reconoció que él se encontraba a 138 km. de San Salvador y que desconoce todo lo que sucedió en la sede de las fuerzas armadas antes, durante y después de la comisión de la masacre de los jesuitas así como durante la investigación de estos hechos.
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Además, Vargas confirmó ser miembro de La Tandona y gran amigo del acusado. Preguntado sobre la institución en el marco de la cual elaboró su informe –el Colegio de Estudios Estratégicos–, el Sr. Vargas afirmó que este consistía en un grupo de amigos que se reunía para comentar la actualidad y producir análisis de interés tras una lluvia de idea, pero que no estaba avalado por ningún organismo público ni disponía de personalidad jurídica.
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Finalmente, sobre su informe el perito reconoció que no lo había redactado él íntegramente y que no disponía de referencias para muchas de sus afirmaciones, sin poder precisar las fuentes en que se había basado para elaborar su dictamen.
La próxima sesión del juicio oral tendrá lugar el martes 14 de julio de 2020 a las 15:00 horas. Dará inicio con la declaración del perito Óscar Alfredo Santamaría, ministro de la presidencia en el gobierno de ARENA del Pte. Cristiani y miembro de la Comisión que redactó la Ley de Amnistía General. Tras su pericial, se proced.
