Juicio Masacre Jesuitas - Día 2020

Crónica de la 8ª sesión del juicio

AUDIENCIA NACIONAL DE ESPAÑA

SALA DE LO PENAL

SECCIÓN SEGUNDA

 

Ante:          Magistrado José Antonio Mora Alarcón (Presidente)

Ante:          Magistrado Fernando Andreu Merelles
Ante:          Magistrada María Fernanda García Pérez

ROLLO DE SALA NO. 4/2015

PROCEDIMIENTO DE ORIGEN NO. 97/2010

JUICIO POR LA MASACRE DE LOS PADRES JESUITAS

 

Public Prosecutor:       Teresa Sandoval

Abogados de las            Manuel Ollé
acusaciones populares  Almudena Bernabéu
y particulares:               José Antonio Martín Pallín

Abogados de la              Jorge Agüero Lafora
defensa:                          (por Inocente Orlando Montano)

Sesión:                            Cuarta Sesión
Fecha:                             14 de julio de 2020

Crónica de la 8ª sesión del juicio

 

Hoy, 14 de julio de 2020, pasadas las 15:00 horas, se ha reanudado el juicio por la masacre de los seis padres jesuitas y dos mujeres en El Salvador el 16 de noviembre de 1989. En esta octava sesión ha declarado el perito Óscar Alfredo Santamaría, ministro de la presidencia en el gobierno de ARENA del Pte. Cristiani y miembro de la Comisión que redactó la Ley de Amnistía General. Se ha procedido además a la lectura y reproducción de las declaraciones de los testigos fallecidos Fernando Álvarez de Mirada y Francisco Cádiz Deleito, ambos ex embajadores de España en San Salvador en 1989. Luego se ha leído la declaración del testigo fallecido Miguel Francisco Estrada Lemus, padre jesuita que residía en la UCA y que sucedió a Ellacuría como rector de la universidad y del coronel José Luis García, coronel argentino retirado y especialista en el funcionamiento de las fuerzas armadas en Latinoamérica. 

La sesión ha comenzado con la lectura de la declaración que efectuó en instrucción el testigo, ahora fallecido, Fernando Álvarez de Miranda, embajador de España en El Salvador entre 1984 y agosto de 1989 y acompañante de las dos delegaciones enviadas por el parlamento español en 1990 y 1991. El testigo comenzó haciendo referencia a la campaña de amenazas y desprestigio contra el padre Ellacuría, indicando que desde la radio militar –a la que estaban conectadas todas las emisoras– se referían a Ellacuría como “comandante Ellacuría” y repetían la consigna de “sea usted patriota, mate un cura”.

Sobre la preparación, ejecución y encubrimiento de los crímenes, el Sr. Álvarez de Miranda manifestó su convencimiento de que la cúpula militar tomó la decisión de asesinar a Ellacuría sin dejar testigos.

El fallecido Francisco Cádiz Deleito, embajador de España en El Salvador desde un mes antes del asesinato hasta marzo de 1991, en su declaración corroboró el testimonio de Lucía Barrera de Cerna, respecto de la protección que se le dispensó a ella y a su familia en las embajadas española y francesa, donde prestó declaración ante el Juez Zamora y el Fiscal General Colorado, así como en su viaje a EEUU donde fue interrogada por agentes del FBI y por el teniente coronel Manuel Rivas, director de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos, comisión que investigaba los asesinatos de la UCA. 

El embajador Cádiz Deleito declaró que tuvo amistad con el juez Zamora, quien instruyó y juzgó los hechos en El Salvador bajo la protección del Presidente de la Corte Suprema, Gutiérrez Castro. Según su testimonio, el juez Zamora manifestó al embajador que “encontraba dificultades por todos lados para la obtención de pruebas”. Por ejemplo, al requerir el libro de registro de visitas de la Escuela Militar, tardaron varios meses en entregárselo y al final “las hojas de los días delicados estaban cortadas”. También, por más que lo solicitó insistentemente, nunca le hicieron entrega del informe que había elaborado la Comisión de Honor militar con las pruebas para procesar al Cnel. Benavides. Además, “no habían declarado el secreto de sumario, de forma que todos los testigos contaban a los periodistas lo que habían declarado, por lo que se repetían las frases insistentemente”, los más de 40 militares implicados repetían frases hechas en sus declaraciones que “habían leído en la prensa o la revista de los jesuitas”. Por otro lado, a los coroneles del ejército no se les podía interrogar más que por escrito, lo cual permitía que contestaran con respuestas evasivas durante meses y constantemente alegaban el secreto militar y la obediencia debida. 

El Sr. Cádiz Deleito declaró que, según le repetía constantemente el juez Zamora, en la Comisión de Honor militar se decidió que “el chivo expiatorio sería Benavides”, quien “en un exceso de patriotismo desaforado, pues había montado la operación de castigo a los traidores [jesuitas], iba a ser condenado, eso se aceptaba de antemano, pero todo el mundo sabía, que tarde o temprano llegaría la paz y habría una amnistía”. Por tanto, fue “un juicio perfectamente manipulado en el sentido de tener un techo preciso (…) lo único que no se podía tocar, y Zamora no lo tocó jamás, porque nadie, y esto es básico, nadie mencionó jamás a un coronel que no fuera Benavides, aquí el único malo de la historia era él, ni remotamente se mencionó a ‘La Tandona’ ni tal reunión en el Estado Mayor”. Según Cádiz Deleito, “nadie podía pensar que Benavides había actuado solo, pero ¿quién preguntaba? La sola idea de preguntar habría producido de un lado sonrisas y de otro pánico.”

Por último, el Sr. Cádiz Deleito confirmó que en la reunión del Alto Mando en la sede del Estado Mayor la noche del día 15 de noviembre, los altos oficiales votaron a mano alzada y por unanimidad acabar con los “quintacolumnistas” o “traidores al régimen”, quienes eran los políticos progresistas, Guillermo Manuel Ungo y Rubén Zamora, quienes estaban refugiados en embajadas; el padre jesuita Jon Sobrino, quien se encontraba de viaje en Tailandia y, por último, el padre Ignacio Ellacuría, que se encontraba en la UCA, a menos de un kilómetro de distancia de donde estaban reunidos los militares. 

A continuación, se procedió a dar lectura a la declaración del testigo, ahora fallecido, Miguel Francisco Estrada Lemus. Durante los años previos al asesinato, señaló el testigo, los jesuitas sufrieron cuatro ataques bomba, amenazas de muerte y recibieron mensajes pidiendo que abandonaran el país. El padre Estrada Lemus fue quien recogió a Ellacuría el día 13 de noviembre, a su regreso anticipado de España, y con el que cruzó los controles de seguridad de la UCA. Sobre este hecho, el declarante afirmó que los agentes que les identificaron al entrar a la residencia de los jesuitas actuaron de forma extraña, expresamente preguntando a Ellacuría si ya había regresado de su viaje. El padre Lemus narró que ese mismo día los padres le confirmaron que se había llevado a cabo un cateo, al que no le dieron más importancia debido a lo rutinario de los mismos. 

Sobre el día de la masacre, el antiguo rector de la UCA afirmó que, a pesar de residir cerca de la casa de Ellacuría, se enteró a la mañana siguiente a través del marido y padre de las mujeres asesinadas, y que, junto con el padre Tojeira, se trasladó al lugar de los hechos y pudo ver los cuerpos de las víctimas y los destrozos provocados por los militares así como los mensajes falsos dejados por estos para inculpar al FMLN. Sobre el motivo de los asesinatos, el sucesor de Ellacuría reflexiona que “al estar perdiendo la guerra, los militares decidieron morir matando, la cúpula de los militares escogieron a quienes habían tenido como enemigos comunistas y que estaban más a mano, [ya que] no se habían ido del país ni estaban refugiados en embajadas”.

La siguiente declaración leída ha sido la del perito José Luis García, coronel retirado y especialista en Fuerzas Armadas en Latinoamérica, quien participó en el juicio en El Salvador como perito. Según su testimonio, la jurisdicción militar debió haber juzgado de inmediato a los militares responsables por haber cometido un delito en tiempo de guerra y a menos de 200 metros del comando superior de la Fuerza Armada. 

Según el perito, el Cnel. Benavides no pudo haber llevado adelante de forma individual y unilateral una operación militar que implicaba asesinar a una personalidad tan relevante como el rector Ellacuría ni a los jesuitas de la UCA, centro cultural principal del país.

El último en declarar fue el perito de la defensa Oscar Santamaría, abogado laboralista y Ministro de Justicia de Alfredo Cristiani en el momento de los hechos y Ministro de la Presidencia durante la aprobación de la Ley de Amnistía. Este perito integró la Comisión de Diálogo con el FLMN para conseguir la paz, establecida en agosto de 1989 y que se prolongó durante 28 meses. El Sr. Santamaría reiteró, a las preguntas de la defensa, que las Fuerzas Armadas buscaron siempre una solución pacífica al conflicto.

Durante su testimonio, la acusación popular cuestionó a este perito sobre su viaje a España en diciembre de 2008, en el que, tal como reconoció el declarante, sostuvo reuniones con miembros del gobierno español, jueces y miembros del Ministerio Fiscal español. A pesar de negar cualquier injerencia con la justicia, la acusación hizo referencia a una filtración de 2008 de Wikileaks y El faro en que se mostraba que el objeto de esta visita había sido intentar ralentizar y presionar para que se archivara la querella presentada por las acusaciones populares y particular en 2008, de la que dimana el presente procedimiento.

La próxima y última sesión del juicio oral tendrá lugar el miércoles 15 de julio de 2020 a las 10:00 horas. Dará inicio con la exposición del informe por parte de las acusaciones y la defensa y, por último, el acusado Inocente Orlando Montano podrá hacer uso de la última palabra antes de que el presidente del tribunal concluya el juicio oral con el “visto para sentencia”.

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